A pesar del encendido discurso de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner en contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diferentes
atriles, el Gobierno se comprometió, durante la reunión del G20 en
Londres, a apoyar una supervisión "hoy y en el futuro" de la economía
local por parte del organismo multilateral de crédito.
"Apoyaremos, ahora y en el futuro, la supervisión sincera,
equilibrada e independiente por parte del FMI de nuestras economías y
nuestros sistemas financieros, de las repercusiones de nuestras
políticas para los demás y de los riesgos a los que se enfrenta la
economía global", señala el punto número doce del documento firmado por Fernández de Kirchner y 19 mandatarios de países desarrollados y emergentes.
La adhesión a este compromiso llega en momentos en que la Argentina no
logra financiación en los mercados voluntarios debido a la crisis y por
la falta de confianza que generan algunas medidas del Gobierno -el
fallido acuerdo con los holdouts,
el Club de París y la estatización de los fondos de las AFJP- y después
de que el Fondo fuera recapitalizado con hasta 750.000 millones de
dólares durante la cumbre en Londres.
Pese a que esta cláusula fue firmada por todos los países, la
Argentina pudo oponerse. Por ejemplo, cuando el documento impulsó un
"mercado laboral flexible" la Presidenta dijo que "hablar de
flexibilidad remite a políticas que fracasaron. Hay que centrarse en
recuperar el empleo". En rigor, fue Luiz Inacio Lula da Silva quien
objetó esa frase. Fernández de Kirchner sólo apoyó la moción de su par
durante la sesión de los presidentes. En el texto final se cambió la
palabra "flexible" por "justo y sin discriminación de género".
Cuando lanacion.com preguntó en el Ministerio de Economía
si esta definición era signo de un acercamiento al FMI, sus voceros se
negaron a dar una interpretación y pidieron que este cronista
verificara esa información en Presidencia, ya que el documento había
sido firmado por la primera mandataria.
No obstante, en Presidencia también se negaron a dar una
interpretación sobre si lo rubricado por Fernández de Kirchner es la
aceptación explícita de la vuelta del país a las revisiones del Fondo.
Sin embargo, se comprometieron a enviar la versión taquigráfica sobre
los dichos de Fernández de Kirchner acerca de la relación entre el
organismo que dirige Strauss-Kahn y el Gobierno, pero nunca llegó.
A pesar del hermetismo oficial, desde fines de febrero pasado el FMI
y el Gobierno comenzaron a enviarse señales. En ese entonces, David
Hawley, uno de los voceros del Fondo señaló: "Estamos interesados en
profundizar nuestra relación con la Argentina". Además aseguró que "las
próximas consultas del artículo IV se llevarán de forma normal en los
próximos meses".
La Presidenta, y su esposo, Néstor Kirchner, esperaban que en
Londres se lograran reformas más profundas en el FMI. Buscaban, en
definitiva, contar con nuevas líneas de crédito sin condicionamientos
del organismo multilateral. Es que el artículo IV exige, por ejemplo,
estadísticas transparentes, hoy inexistentes en el país.
Pero tras la cumbre del 2 de abril, y pese a una flexibilización
aprobada a fines de marzo por el organismo, la Argentina no califica ni
siquiera para la llamada Línea de Crédito Flexible (FCL, según sus
siglas en inglés), esquema que reemplazó a un programa aprobado en
octubre último tildado de rígido. Estos créditos piden también datos
cristalinos y acceso estable a los mercados internacionales.
El acuerdo histórico alcanzado en la capital británica le otorgará
al Banco Central (BCRA) cerca de 3000 millones de dólares que
provendrán del aumento de los Derechos Especiales de Giro (DEG) en el
FMI, que son asignados a los países miembro en proporción a sus cuotas.
Los DEG son un activo de reserva internacional creados en 1969 para
complementar los activos de reserva existentes de los países miembro.
La necesidad del Gobierno por fondos frescos se reflejó en la última
asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
Medellín, en la que el ministro de Economía, Carlos Fernández, se
encargó de reclamar al organismo una ampliación del fondeo para nuevos
préstamos. Además, la administración se encargó de asegurarse más de
10.000 millones de dólares en yuanes chinos a través de un swap financiero.
A mediados de diciembre de 2005, a pesar de las duras críticas contra
el Fondo, el entonces presidente Néstor Kirchner pagó al contado unos
US$ 10.000 millones de dólares con reservas del BCRA para saldar la
deuda con el organismo multilateral. Por eso, no sería sorprendente
que, más allá de los discursos en los atriles, el Gobierno haya
comenzado a allanar el camino de vuelta el FMI.
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