La grotesca propuesta del titular del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, para que gobernadores provinciales e intendentes se postulen, respectivamente, a bancas de diputado nacional y de concejal, que finalmente no asumirán, constituye una burla al electorado que debería ser condenada por la ciudadanía.

Invitar a los electores a votar por alguien que no asumirá el cargo para el cual se postula es, sencillamente, una falta de respeto al votante y una muestra más del habitual menosprecio de la clase política por nuestras instituciones.

Resulta francamente absurdo que, con el fin de "plebiscitar" la gestión del gobierno nacional o la de los gobiernos provinciales, los mandatarios de los distritos tengan que encabezar una lista para cargos legislativos que ni siquiera están dispuestos a asumir. Más ridículo aún suena que esos gobernadores e intendentes tengan que distraerse durante casi tres meses en una campaña proselitista para un puesto que tienen resuelto no ocupar.

No menos insólito resulta escuchar a un intendente de un partido bonaerense anunciar que será candidato a concejal de su distrito con el fin de defender el proyecto del gobierno nacional. Hasta ahora, podía y debía suponerse que las cuestiones que se debaten en una elección de ediles eran típicamente locales. En adelante, alguien pretende hacerle creer equivocadamente al electorado que en cualquier simple elección de concejales estará en juego la política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es ése un reflejo del grado en que se ha desvirtuado la concepción del federalismo y del pobre nivel de cultura cívica de nuestra dirigencia política.

La propuesta kirchnerista es un indicador de lo poco que le importa al oficialismo el principio de división de poderes y, también, un síntoma de la escasa importancia que se le asigna a una reforma política que quien hoy ocupa el Poder Ejecutivo Nacional alguna vez se preocupó por propiciar.

Nuestra historia política reciente está tristemente llena de ejemplos sobre esta clase de manoseos institucionales. Desde un profesional de las dietas que asumió una banca de diputado por un día para obtener el derecho a una jugosa jubilación de privilegio hasta legisladores que asumieron sus bancas apoyando el programa de un partido político para mudarse de agrupación, una vez instalados en el Congreso. Y desde diputados y senadores nacionales que, habiendo sido elegidos por una provincia determinada, incumplieron sus mandatos para postularse a otro o al mismo cargo electivo por otro distrito electoral, hasta ministros que dejaron su puesto para presentarse en comicios legislativos y que, tras ser elegidos para la función parlamentaria, volvieron a su cargo ejecutivo original.

Lamentablemente, estas vergonzosas maniobras no son patrimonio exclusivo del oficialismo. Que un diputado nacional elegido hasta 2011, como Felipe Solá, renuncie a ese mandato popular para presentarse nuevamente como candidato al mismo cargo que hoy ocupa es, a todas luces, insólito. Del mismo modo, pretender que la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti, deje ese cargo para postularse a una banca de diputada nacional, además de inoportuno e innecesario, implica violentar un mandato popular que le ha conferido la ciudadanía. Si, como han esgrimido dirigentes del macrismo, el puesto de vicejefe de gobierno porteño carece de mayor relevancia, pese a que su ocupante es nada más ni nada menos que quien reemplazará a la máxima autoridad en caso de muerte o renuncia, el oficialismo de la ciudad debería ser el primero en propiciar la reforma de la Constitución local para eliminar el cargo.

La clase política argentina debería reflexionar seriamente sobre estas situaciones, que no están haciendo más que desacreditar todavía más a una actividad que debería estar al servicio del bien común y no de pequeños intereses personales o de facciones.

La tan mentada calidad institucional será cada vez menos alcanzable a este paso. Incumplir los mandatos ciudadanos, al igual que dar rienda suelta a las mal llamadas "candidaturas testimoniales", además de sembrar confusión y distorsionar la voluntad del electorado, dista de ser saludable para un sistema democrático que, curiosamente, encuentra cada vez más obstáculos en quienes deberían ser sus principales defensores.