El Senado nacional aprobó esta medianoche con el apoyo de votos oficialistas y envió a la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno que fija un máximo del 5 por ciento a la reasignación de partidas presupuestarias a cargo del jefe de Gabinete, facultad conocida como "superpoderes". La iniciativa propone la sustitución del artículo 37 de la ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del público nacional, y autoriza al jefe de Gabinete a establecer reestructuraciones de partidas siempre que no supere el 5 por ciento del total del presupuesto anual. Se trata, en rigor, de un eufemismo, porque hay que destacar que en los años en que se apela a ese mecanismo para manejar discrecionalmente recursos presupuestarios, nunca se sobrepasó el 5 por ciento de los recursos totales.

El oficialismo logró 38 votos positivos, contra 24 negativos de la oposición, y aprobó la modificación en general y en particular. El debate por los superpoderes se inició luego que el oficialismo consiguió la aprobación del proyecto de delegación de facultades del Congreso para el gobierno nacional ((38 votos contra 30) , en una jornada que se inició antes del mediodía y se extendió por más de 12 horas.

El senador oficialista, Nicolás Fernández, dijo que "es la primera vez que un gobierno se autolimita en el uso de un instrumento que otros gobiernos lo usaron más ampliamente" y consideró que la norma significa "un salto cualitativo" en la institucionalidad del país.

En cambio, el titular de la UCR, Gerardo Morales, expresó su "más firme oposición al esquema de superpoderes porque está visiblemente relacionada con inseguridad jurídica" y opinó que ese esquema jurídico en que se basa la gestión oficial se sostiene en tres patas: el artículo 37 de la ley de administración financiera, los decretos de necesidad de urgencia y las leyes de emergencia".

El santafesino Carlos Reutemann dijo que "oponerse a los superpoderes, lejos de afectar la gobernabilidad, favorecemos un principio constitucional de separación de poderes en donde el Congreso tiene funciones que debe resignar". "No tenemos que confundirnos. El Congreso no es un escollo sino un ámbito en el que representantes del pueblo y las provincias discuten y adoptan decisiones en pos del bien común", argumentó antes de anunciar que se oponía al proyecto del gobierno.

La justicialista salteña Sonia Escudero sostuvo que con esta iniciativa "estamos asistiendo al vaciamiento de las formas republicana de gobierno" y en términos similares se expresó la puntana Liliana Negre.

Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero ratificó su oposición y dijo que "el debate parlamentario se ha resumido en la imposición cuantitativa de los deseos del kirchnerismo" y recordó que "desde el Peronismo Federal venimos pidiendo la derogación de los superpoderes, en defensa de la autonomía de las provincias para evitar la domesticación de gobernadores e intendentes".

Por su parte el socialista santafesino Rubén Giustiniani criticó los superpoderes, y lamentó que "el gobierno que perdió las elecciones gana hoy en el Congreso las votaciones con leyes que ratifican las políticas que le hicieron perder las elecciones".

A su vez, María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica y el radical Oscar Castillo y la tucumana Delia Pinchetti coincidieron en calificar de "inconstitucional" a la propuesta envidada por el ejecutivo nacional.

Para resumir lo que fue el debate, vale reproducir palabras del jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, cuando dijo que "esta es la última delegación de facultades", y admitió que "deberíamos haber hecho el estudio de las normas y no lo hemos hecho".