Néstor Osvaldo Lorenzo y Alberto Costa hablan con la obviedad de quienes se conocen mucho. Tienen confianza. El país está en medio de la pandemia de la gr ipe A cuando los enfermos desesperan por conseguir el remedio contra el virus H1N1. La charla es por teléfono. El empresario farmacéutico, principal imputado en la causa que investiga la mafia de los medicamentos, le asegura al entonces subsecretario de Control Sanitario de Buenos Aires que tiene en su poder la droga para fabricar Tamiflú, nombre comercial del oseltamivir. Le ofrece vendérsela a la provincia, le da los detalles del negocio, que incluye un porcentaje de las ganancias a modo de agradecimiento. Es decir, una coima. Crítica de la Argentina pudo reconstruir y confirmar esta conversación con cuatro fuentes vinculadas a Lorenzo y a Costa. El ex funcionario sabe que ese diálogo fue grabado por la justicia federal. Por esa razón se apuró a contratar a Fernando Burlando, el mediático abogado que ayer pidió al juez Norberto Oyarbide la eximición de prisión de su cliente.

En respuesta a esa solicitud, el fiscal del caso, Luis Comparatore, le solicitó al juez que prohíba a Costa salir del país y que le fije una caución para mantenerlo en libertad. Durante esta semana podría salir la respuesta del juzgado.

Cuando lo separó del cargo, el ministro de Salud provincial, Claudio Zin, describió como mínimas las funciones de la Subsecretaría de Control Sanitario que ocupó Costa durante los últimos cuatro gobiernos bonaerenses. Sin embargo, la página web oficial –en la que Costa sigue apareciendo en su puesto– revela otras responsabilidades mucho más importantes: el hombre que tenía conversaciones sobre negocios con medicamentos con el principal imputado de una red que alteraba remedios tenía como tarea “coordinar y organizar las acciones específicas de investigación, vinculadas con las actividades de laboratorio especializado (...), contralor y fiscalización, destinados a apoyar los planes y programas de salud vigentes”; también debía “intervenir en la habilitación, acreditación y fiscalización de los establecimientos asistenciales, laboratorios de análisis clínicos y establecimientos farmacéuticos que funcionen en el ámbito de la provincia”. En cada uno de estos rubros operaba Lorenzo. Un ejemplo claro es el Centro Oncológico de Excelencia, en Gonet, una institución gubernamental que Lorenzo gerenciaba desde 2006 a pesar de la quiebra financiera del organismo.

Por último, a Costa le correspondía “realizar los estudios necesarios a fin de proponer y aplicar acciones para la producción y control de elaboración de vacunas, sueros y otros específicos”.

Zin se enteró ayer de esta escandalosa conversación en la que Costa, lejos de preocuparse por el ofrecimiento de Lorenzo, respondía motorizando la operación. En el entorno del ministro insisten en asegurar que no existe ningún contrato de la provincia con Lorenzo ni con la droguería Urbana, su sociedad más famosa. Sin embargo, la Justicia sigue la pista de este diálogo para saber si el negocio se hizo realidad.

En julio, frente a la demanda de Tamiflú el ministro ofreció el laboratorio Tomás Perón para la confección de una vacuna contra la influenza A. El ministro de Ciencia, Lino Barañao, intentaba descifrar primero el genoma para compararlo con los del exterior. “La idea es buscar un laboratorio para ver si pueden tener la vacuna”, explicó entonces el funcionario. Esa área dependía de Costa.

Los diálogos del ex subsecretario con Lorenzo prometen seguir destapando escandalosos vínculos entre el Estado y la mafia de los medicamentos.