La Corte Internacional de Justicia (CIJ) abrió hoy las audiencias en La Haya sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay por la construcción de una planta de pasta de celulosa en la ribera uruguaya de un río fronterizo, denunciada
por Buenos Aires por considerarla contaminante.

La delegación argentina, encabezada por Susana Ruiz-Cerutti comenzó las exposiciones que continuarán hasta el próximo jueves, para dar luego lugar a las ponencias uruguayas.

Ambas delegaciones, integradas cada una por una treintena de personas, ingresaron en la sala del tribunal sin hacer declaraciones a la prensa.

La comitiva argentina consejera jurídica de la cancillería, inició ante los jueces la exposición de sus argumentos contra la fábrica de la finlandesa Botnia, construida a orillas del río Uruguay y en servicio desde noviembre de 2007.

Ruiz-Cerutti denunció que la planta constituye una "violación flagrante por parte de Uruguay de las obligaciones del estatuto del río" de 1975, establecido por ambos países vecinos para proteger el medioambiente y los recursos fluviales.

"Cada día, la fábrica desprende una enorme cantidad de contaminantes en el agua y en el aire", prosiguió la agente argentina, subrayando los "daños irreversibles para el ecosistema del río".
 
La emanación de sulfuros de hidrógenos, que causan "olores insoportables", entraña además riesgos para la salud de los habitantes de Gualeguaychu y del balneario Nandubaysal, al otro lado de la ribera, acusó. "Huele a huevo podrido", aseguró Ruiz-Cerutti.

La comitiva argentina continuará su exposición hasta el próximo jueves, antes de que el lunes la delegación uruguaya, que representa el embajador en Estados Unidos, Carlos Gianelli, inicie su defensa, también durante cuatro días.

Durante la tercera y última semana de audiencias, que finalizarán el 2 de octubre, ambas partes dispondrán de dos días cada una para responder a los argumentos de la otra. A partir de entonces, la CIJ, máximo órgano judicial de la ONU, emitirá su veredicto.
 
Argentina interpuso el 4 de mayo de 2006 su demanda, reprochando a su vecino haber autorizado "unilateralmente" la construcción de dos fábricas de celulosa a orillas del Uruguay, cerca del puerto fluvial de Fray Bentos, violando el estatuto de 1975.

Actualmente, la fábrica de Botnia, que representa una inversión de 1.000 millones de dólares, tiene una capacidad anual de un millón de toneladas de pasta de celulosa.

La segunda planta no llegó a ver la luz porque su responsable, la española Ence, vendió su proyecto al finlandés Stora Enso y al chileno Arauca, que planean construir una fábrica más al sur, en Punta Pereira (Colonia).

No obstante, la Argentina mantiene su demanda contra el segundo proyecto ya que el permiso de construcción sigue vigente.