Desde el Gobierno prevén anunciar el pago de una suma fija por única vez para los jubilados y pensionados. Además del aguinaldo, los cinco millones y medio de pasivos cobrarán entre 200 y 300 pesos, según revelaron fuentes oficiales a Crítica de la Argentina.

Aprovecharán que al ente previsional le sobraron casi $ 6 mil millones de su presupuesto en lo que va del año. Y que ganó casi $ 25 mil millones más (unos $4 mil por beneficiario) gracias a las inversiones financieras que heredó de las AFJP.

Por la ley de movilidad automática aprobada el año pasado, los jubilados y pensionados recibieron en2009 un aumento del 19,9% en dos tandas: una del 11,6% en abril y otra del 7,3% este mes.

La ley de movilidad, aprobada en simultáneo a la estatización de las AFJP, no prohíbe que el Gobierno disponga por decreto aumentos o pagos adicionales. El plus navideño, de hecho, debutó el año pasado con 200 pesos. Pero cerca del titular de la ANSES, Diego Bossio, aseguran que la caja jubilatoria no cuenta con recursos para sostener en el tiempo otro incremento permanente. 

En realidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que absorbió los activos de las AFJP no para de acumular ganancias. Por la recuperación de las acciones y bonos en los que está invertido, pasó de $ 98.224 millones a $ 120.116 millones entre enero y mediados del mes pasado. Pero la ley actual no vincula su evolución a los haberes jubilatorios. Y para peor, su dinero se usó para subsidiar a empresas en crisis y alimentar planes de incentivo al consumo que benefician a la clase media y no a los jubilados. 

El titular de la ANSES, Diego Bossio, trabaja por estas horas en un mecanismo que permita volcar a los beneficiarios del sistema público parte de los réditos financieros de ese Fondo. 

Para cuidar ese fondo, Bossio acaba de nombrar como administrador al financista ortodoxo Santiago López Alfaro (ex consultora Delphos Investment), quien recomendó no vender las acciones extranjeras porque especula con que seguirán subiendo. 

La idea de Diego Bossio es liquidar en los próximos seis meses las 15 mil sentencias que aún no se pagaron y dejar de acumular nuevos juicios impagos.