El Gobierno prepara la mayor concesión económica a los sindicatos de la CGT en el tiempo transcurrido del mandato de Cristina Fernández. Un decreto en elaboración, cuyos puntos centrales pudo conocer Crítica de la Argentina, que prevé la devolución a las obras sociales sindicales de un fondo por 3.200 millones de pesos que los dirigentes reclamaban desde hacía años. Fuentes oficiales revelaron que, una vez aprobado por la Jefa de Estado, el decreto les garantizará a los sindicalistas el recupero del manejo de esos recursos aunque de manera escalonada, durante todo el año que viene. Y, de paso, se fortalece el vínculo político CGT-kirchnerismo en un momento en que cobran fuerza agrupaciones sindicales no afines al peronismo. 

Se trata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que la AFIP recauda sobre los aportes de los afiliados a las obras sociales para atender enfermedades complejas y de alto costo. La concesión, según los informantes, irá acompañada de una extensión del Programa Médico Obligatorio (PMO), que deben cubrir las organizaciones sanitarias (tanto de los gremios como las prepagas). 

El fondo nutre de recursos la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo dependiente del Ministerio de Salud que les reintegra a las obras sociales el costo de los tratamientos más complejos y que este año tuvo un presupuesto de 968 millones de pesos. Los gremios enrolados en la CGT se quejaron en los últimos años de que, más allá del presupuesto de la APE, el FSR tenía un saldo favorable que en lugar de ser repartido terminaba por engrosar el superávit fiscal del Ejecutivo. 

Funcionarios admitieron que el saldo favorable del fondo asciende en la actualidad a 3.200 millones de pesos y aclararon que los recursos se encuentran inmovilizados en cuentas de la AFIP. Del aporte a las obras sociales que realiza cada trabajador con parte de su salario, la AFIP retiene entre 10% y 15% (de acuerdo con el nivel de ingresos) para destinarlo al FSR y atender dolencias como sida, cáncer y hemofilia, entre otras enfermedades de las denominadas de “baja incidencia y alto costo”. 

El gesto que prepara el Ejecutivo se inscribe en otra devolución de gentilezas entre el oficialismo y los sindicatos de la CGT. Por caso, Hugo Moyano se prestó a organizar el acto previsto para el 20 de noviembre junto a organizaciones piqueteras y también aceptó suspenderlo a pedido de la propia Cristina. Incluso, cedió a la solicitud de la Presidenta de reconvertir el acto masivo pautado para el 15 de diciembre por el sindicato de los camioneros en una convocatoria del oficialismo. 

Tras la derrota electoral del 28 de junio pasado, Moyano y los sindicalistas que lo respaldan se convirtieron en los principales aliados del matrimonio Kirchner, por encima de gobernadores, intendentes y legisladores. Los gremios de la CGT, por razones de supervivencia, decidieron garantizarle al Gobierno el control de la protesta callejera frente al avance de sectores populares y algunos partidos de izquierda. 

Cristina fue generosa a la hora de retribuir esa fidelidad. Semanas atrás, puso al frente de la APE al tercer hombre designado por Moyano en los últimos cinco años. Y ahora se apresta a cederle el control de un fondo que triplica el que maneja ese organismo. 

El borrador del decreto prevé un mecanismo escalonado de devolución de los recursos del FSR. Y, también, que no volverá a acumularse saldo favorable: todo será repartido por la AFIP en la medida que ingresan los aportes. 

El mecanismo de distribución será en función de la cantidad de aportantes de cada obra social –en este aspecto, las más grandes, como Comercio, deberán obtener más recursos– y por tipo de beneficiario. Sobre este último punto, se distribuirá en forma proporcional a los grupos que forman el sistema de la seguridad social, como los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados, las empleadas domésticas, los monotributistas y los beneficiarios del seguro por desempleo. 

“No quedará afuera ningún beneficiario”, admitieron los funcionarios consultados. Y agregaron que a la par del decreto se dará a conocer un nuevo PMO, con más prestaciones y mayor cobertura de personas. 

En la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), una de las áreas encargadas de la elaboración del decreto, explicaron que en función de la fórmula propuesta los 3.200 millones de pesos volverán a los sindicatos en un plazo de entre un año y 18 meses. Un período que incluirá todo el proceso electoral con vistas a los comicios presidenciales de 2011. 

La actualización y ampliación del PMO es una deuda del Ministerio de Salud. Si bien hay proyectos de sumar prestaciones obligatorias desde hace por lo menos dos años, las iniciativas no prosperaron por la falta de financiación en el sector: el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, prefirió siempre mantener el PMO actual antes que autorizar una suba de las cuotas de las prepagas. 

La idea de los funcionarios es que la inyección de recursos adicionales con el nuevo decreto permitirá ampliar el menú de prestaciones.