La aparición de los cuerpos de la familia Pomar, 24 días después de su “misteriosa desaparición” deja al descubierto la peor de las hipótesis jamás imaginada: un Estado que conspira para cubrir su propia negligencia. Que los cadáveres de Fernando Pomar, Gabriela Viagrán -quien habría tenido un lapso de sobrevida después del choque- y de sus hijas Candelaria y Pilar fueran descubiertos, el martes 8, a 20 metros de la Ruta 31 en lo que se presume fue un accidente de tránsito, pone en evidencia, por lo menos, la más básica ineficacia de policías y funcionarios que no pudieron siquiera seguir la pista más lógica, obvia y primaria. Y pone la lupa sobre la Argentina trucha, en la que nada resulta creíble y cualquier versión, hasta la más burda, puede ser peligrosamente verosímil.

Si durante un mes el Estado no pudo encontrar un auto volcado a la vera de la ruta señalada por la familia como la más probable, ¿se puede esperar el esclarecimiento de la causa AMIA, del Valijagate o del caso Skanska? ¿Qué se debe esperar sobre el destino que tuvo el desaparecido Jorge Julio López cuya causa, al igual que la de los Pomar, estuvo plagada de impericias policiales y judiciales, y de pérdida de tiempo vital siguiendo el rastro de videntes y parapsicólogos? ¿Cómo evitar que los padres de Sofía Herrera, desaparecida en Río Grande hace 15 meses, se estremezcan ahora pensando que la nena no fue buscada correctamente? ¿Puede el gobernador Daniel Scioli repetir hasta el hartazgo su intención de luchar contra el narcotráfico si su propia policía, sospechada cuanto menos de cómplice en los negocios más funestos, no puede hacer un simple rastrillaje a la vera de una ruta? ¿Puede un ministro de Seguridad como Stornelli tener autoridad para seguir en su cargo cuando se desdijo en horas, fogoneó las peores versiones sobre la vida privada de las víctimas y defendió a la Policía hasta horas antes de echar a sus jefes? En una Argentina trucha, sí.