La pistola eléctrica Taser X26 que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió comprar para que la pruebe la Policía Metropolitana –que saldrá a la calle en breve– actúa directamente sobre el sistema nervioso central de las personas impidiendo la coordinación muscular y provocando que quien recibe la descarga caiga al suelo inmediatamente en medio de espasmos.
La carga que libera es de 50 mil voltios, pero no toda la corriente llega efectivamente al cuerpo debido al amperaje (la fuerza con la que circula la electricidad) que utiliza. Según Taser International, la empresa con sede en el estado norteamericano de Arizona que comercializa el producto, y varios similares, llega a los 1.200 voltios y no debería durar más de cinco segundos. Sin embargo, una investigación aleatoria encargada por CBC-Radio Canadá a un laboratorio técnico demostró que enviaba 10% promedio más energía de la supuesta con picos del 50%; la provincia canadiense de Alberta también registró inconvenientes técnicos en 50 pistolas adquiridas.
El arma guarda en un chip la memoria de la hora, el día, la temperatura y la duración de cada disparo realizado, información que puede ser transmitida a una base de datos; los dardos atraviesan la ropa y no dejarían marcas en la piel.
Ni el Gobierno porteño ni la empresa explican cuánto tiempo dura el estado de shock cerebral, pero se supone que puede variar según sexo, peso, contextura y estado general de salud. Y se remarca que “no se pierde la conciencia y se puede escuchar y acatar las órdenes policiales, sin afectar ritmo cardíaco ni presión arterial”.
Casos judiciales. Pese a que no hay estudios científicos sobre los efectos a largo plazo del hecho de sufrir el disparo de la pistola, sí se pueden hallar datos parciales sobre qué les pasó a algunas de las personas que lo recibieron y los veredictos judiciales en las causas en que se cuestionó su uso por llevar a la muerte (o ser cocausal) a ciertas personas. Un ejemplo es el caso mortal de Robert Heston, quien recibió tres descargas eléctricas, por el cual la Justicia californiana obligó en 2008 a la compañía a pagar US$ 6 millones por haber contribuido en 15% al fallecimiento. En el fallo se estableció que el uso prolongado del arma incrementa la posibilidad de un ataque cardíaco.
También está el caso de Carl Bryan, de 21 años, que fue bajado de su auto por dos infracciones de tránsito y, derribado por la Taser, perdió cuatro dientes en la caída de boca sobre el pavimento. Como resultado de eso, una corte de apelaciones de California pidió especialmente a la Policía que restringiera el uso de la Taser, ya que el caso constituía un exceso en el uso de la fuerza policial. Antes, en 2005, una autopsia dirigida por un médico de Chicago estableció que el arma había provocado la muerte en una persona que ya tenía altas dosis de anfetaminas en su cuerpo. En Canadá, se replanteó su uso luego de que un ciudadano polaco muriera en el aeropuerto de Vancouver tras recibir cinco descargas.
Más allá de la polémica respecto de su uso, con cuestionamientos de la ONU y Amnesty International, además de los opositores al gobierno local y organismos de derechos humanos argentinos, el propio jefe de Gobierno, Mauricio Macri reconoció que un mal uso puede ser fatal, pero se defendió diciendo que “el objetivo es salvar vidas y que la violencia sea la menor posible, protegiendo a nuestros policías”. |
