En un procedimiento que generó un escándalo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó ayer hacer una requisa de objetos personales de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín para iniciar, con ese material, el análisis de histocompatibilidad que permitirá conocer si son o no hijos de desaparecidos. “Nos hicieron sacar la ropa adelante de siete personas. A mí me sacaron la bombacha, las medias, el pantalón y la remera. Y a él (por Felipe) también le quitaron todo”, contó anoche, por Canal 13, Marcela Noble Herrera.

La magistrada recibió en su despacho a Marcela y Felipe por la mañana, les preguntó si daban su consentimiento para que las muestras de sangre que habían sido tomadas en el Cuerpo Médico Forense se usaran en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) –donde se conservan las muestras de las familias de desaparecidos– y si aceptaban extraerse sangre nuevamente en el BNDG como marca la ley. Los jóvenes se negaron. Estuvieron tres horas en el Juzgado Federal Nº 1. Cuando salieron fueron seguidos por orden de la jueza. A mitad de camino entre el juzgado y la casa de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, que está en Martínez, el auto en que iban los abogados fue interceptado por dos camionetas de Infantería de la Policía Federal. Los uniformados, con armas largas, preguntaron si iban allí Marcela y Felipe. “No nos creyeron hasta que les abrimos los vidrios de la camioneta”, explicó a PERFIL Roxana Piña, una de las abogadas de los jóvenes, que conducía el vehículo. Los jóvenes iban más adelante. Una vez que llegaron a la casa de su madre, una comitiva policial los esperaba, sin la orden de allanamiento. “Después de un rato largo, entregaron la orden y para nuestra sorpresa decía que los policías tenían la potestad de hacer la requisa de las prendas íntimas en la vía pública, y que si no lo lograban, se presentaran en los domicilios”, contó Piña. Fuentes judiciales negaron que los policías estuvieran autorizados a hacer la requisa en la calle.

En la casa de Herrera de Noble, a Marcela y Felipe les quitaron todo lo que tenían puesto. “Nos tuvimos que sacar la ropa adelante de siete personas”, graficó Marcela en diálogo con Canal 13. “Nos trataron como si fuéramos delincuentes”, dijo Felipe. Casi llorando, Marcela advirtió que mientras la jueza le dice que hay que cuidar a las víctimas los humillan con una “persecución”.

La requisa de objetos personales está prevista por la ley, desde la modificación al artículo 218 bis del Código Penal. Es para los casos en los que las víctimas de una presunta apropiación se niegan a extraerse sangre. Marcela y Felipe se sacaron sangre, voluntariamente, pero lo hicieron en el Cuerpo Médico Forense. La identidad biológica de los hijos de desaparecidos se tiene que averiguar por ley en el BNDG, porque allí están las muestras de las familias de desaparecidos. Los jóvenes no quieren que se usen esas muestras porque consideran que el Banco de Datos, al pertenecer a la órbita del Poder Ejecutivo, no les ofrece garantías. Pero la jueza necesita elementos para hacer el análisis de histocompatibilidad en el BNDG. Como los chicos se negaron a que se usen las muestras obtenidas, Arroyo Salgado ordenó el allanamiento. Para la fiscal, Rita Molina, esas muestras son válidas para iniciar la pericia, que lleva una demora de once años. Para el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, los análisis se tienen que hacer “sin más dilaciones. La medida ya fue confirmada por la Cámara de Casación Penal. Los objetos que se obtuvieron hoy son necesarios por las irregularidades que hubo mientras estuvo al frente de la causa el juez Bergesio”. Iud agregó que esas muestras servirán para comprobar si la anterior requisa contenía el patrón genético de Marcela y Felipe. Los hermanos Noble Herrera, mientras tanto, esperan la resolución de un recurso en queja que presentaron ante la Corte Suprema, la última carta que les queda.