El fallo del juez Gustavo Pimentel, que el último miércoles ordenó a los asambleístas de Gualeguaychú liberar el corte en el puente que une esa localidad con la uruguaya Fray Bentos, amenaza con derivar en nuevas polémicas: las personas apostadas en el lugar amenazaron con denunciar al Gobierno nacional por sus viejas adhesiones a la causa. 

Los asambleístas señalaron, en este marco, que si son denunciados por la Justicia (como advirtió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández) apuntarán contra funcionarios del Ejecutivo por serpartícipes necesarios de los 18 delitos penales que les atribuyen. 

"De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipes necesarios, lo que demuestra lo ridículo de este planteo", escribieron los asambleístas en una carta que fue entregada al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, que se sumó a la causa aduciendo que sus "vecinos no son delincuentes, persiguen fines nobles". 

El argumento de los ambientalistas está claro: basar su defensa no sólo en el apoyo que el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner brindó en el pasado si no, además, por la "asistencia económica indirecta", que prestó publicó esta mañana el diario La Nación. 

El abogado Osvaldo Fernández dijo a una emisora local que "iremos desarrollando las estrategias defensivas, pero también va a haber imputaciones hacia quienes son responsables de llevar al ámbito judicial un conflicto ambiental que, en realidad, está en manos de los presidentes resolverlo". En mayo de 2006, el entonces presidente Kirchner copó el córsodromo de la ciudad para tomar la lucha como una causa nacional.