Al menos dos laboratorios estaban dispuestos a terminar con la cadena de comercialización ilegal de medicamentos truchos. Y Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, habría estado dispuesto a brindar información sobre esa red a cambio de dinero y de una millonaria licencia exclusiva de una línea de remedios.

El nexo entre Forza y los laboratorios era la misma persona que ahora está procesada por formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a realizar espionaje de manera ilegal: Jorge “Fino” Palacios.

Ahora se sabe que el ex comisario de la Policía Federal y fugaz jefe de la Metropolitana fue quien tejió la base de la investigación del caso que hoy se conoce como la “mafia de los medicamentos”. El expediente es instruido por el juez Norberto Oyarbide, el mismo que investiga el caso del espía Ciro James y que mantiene a Palacios tras las rejas.

La consultora que dirigió Palacios antes de hacerse cargo de la cuestionada fuerza policial, Strategic Security Consultancy, había sido contratada por una de las empresas más grandes del mundo en el sector de cuidados de la salud: Abbott Laboratorios, una firma reconocida a nivel mundial y con presencia en 130 países.

Las sagas de los casos del triple crimen de General Rodríguez, el de la mafia de los medicamentos y el del espionaje porteño pueden tener más de un personaje en común y un mismo hilo conductor. Tres fuentes allegadas a la investigación de Palacios y una fuente judicial ayudaron a PERFIL a reconstruir parte de una trama secreta que incluye negocios millonarios, espionaje, política y muertes.

La historia. Palacios sintió escalofrío cuando el 13 de agosto de 2008 por la noche se enteró de que los cuerpos de Sebastián Forza, Diego Ferrón y Leopoldo Bina habían sido encontrados acribillados en un zanjón de General Rodríguez.

En 2007 la casa matriz de Abbott, con sede en la ciudad estadounidense de Chicago, contrató a la consultora del “Fino” para “establecer la cadena de comercialización y distribución de medicamentos adulterados y robados en la Argentina”. Pero al ex comisario “también le pidieron que investigue a la sede de Abott en la Argentina, porque allí se habrían adulterado algunos lotes y troquelados”, coincidieron dos de las fuentes consultadas por PERFIL.

Como consecuencia del informe que elaboró el ex comisario, Abott desplazó a unas cuarenta personas, entre las que se encontraba parte de la cúpula de la central que tenía el laboratorio en el país. “Con esa información, los abogados que designó Abbott presentaron una denuncia. Enterado de eso, Oyarbide pidió la información y la incluyó en la causa que instruye”, afirmó una fuente. PERFIL se comunicó dos veces esta semana con la firma Abbott para tener su opinión sobre el tema, pero nunca recibió respuesta.

Fueron los contactos que mantenía Palacios con el FBI, con quienes había estrechado fuertes vínculos cuando estuvo al frente de la División Unidad de Investigaciones Antiterrorismo de la Policía Federal (Duia), quienes le abrieron el negocio con poderosas empresas estadounidenses.

Pero Palacios también tenía una larga relación con los abogados que contrató el laboratorio para aquella circunstancia. Se trataba de los desplazados fiscales del caso AMIA: Eamon Mullen y José Barbaccia.

Un ex espía de la SIDE y “colaborador” de una agencia de inteligencia estadounidense, realizó las presentaciones. La reunión fue en el 7º piso de Maipú 216. Allí funcionaba la firma Strategic Security Consultancy. Palacios estaba sentado, Forza permanecía parado y tembloroso.

La propuesta del joven empresario farmacéutico parecía clara. El delataba el intrincado laberinto de la mafia de los medicamentos y a cambio pedía dos cosas. La primera, una licencia exclusiva para distribuir en el país una línea de medicamentos producidos por Abbott. Y, una vez que la investigación llegue a la Justicia en forma de denuncia, tener el respaldo del laboratorio para presentarse como testigo de identidad reservada.

Por un lado, hacía un negocio de casi 50 mil dólares mensuales y, por otro lado, salía legalmente del turbio mundo de la mafia de los medicamentos. Palacios sólo escuchó.

Hubo otras reuniones. La última se habría realizado frente a Mullen y Barbaccia. Los datos que habría aportado Forza no habrían sido de mucho interés, y Palacios ya tenía parte del trabajo hecho. En consecuencia, no hubo trato.

Forza fue a ver a Palacios un mes antes de que lo mataran. En esa oportunidad no pidió hacer un trato. “Ya se lo veía desesperado. El Fino le dijo que haga la denuncia en la Justicia, y le pidió que se cuidara”, confesó un testigo de ese último encuentro.