Casualidad o no, lo real es que en los próximos días el Gobierno debe convocar a una reunión del Consejo del Salario Mínimo, justo en momentos que el Congreso inicia la discusión para llevar la jubilación mínima al 82% del sueldo mínimo.

De esta manera, el piso salarial y jubilatorio van a quedar entrelazados en una polémica que tendrá un fuerte contenido político, económico y social y de cuyos resultados depende el nivel de vida de millones de trabajadores y jubilados.

Como viene pasando en los últimos 4 años cuando fue convocado durante el mes de julio, ahora el Gobierno debería convocar al Consejo del Salario Mínimo. Ese organismo tripartito, reúne al Ministerio de Trabajo, que encabeza Carlos Tomada, empresarios y sindicalistas. Este cuerpo es el que fija el valor del sueldo mínimo para que entre a regir a partir del mes siguiente (agosto). También debe establecer el monto del seguro de desempleo que está muy desactualizado.

Este año la discusión promete ser distinta porque, simultáneamente, varios bloques parlamentarios impulsan un proyecto de ley -que cuenta con muchas chances de ser aprobado por el Congreso-para llevar la jubilación mínima al 82% del valor del sueldo mínimo.

Así, el salario mínimo que hoy incide sobre los empleados que están fuera de convenio y actúa también como piso para los convenios de trabajo, de ser aprobado y no sufrir el veto presidencial, pasaría a determinar el haber mínimo que cobran unos 4,5 millones de jubilados y pensionados y que además incide sobre casi un millón de pensiones no contributivas (cobran el 70% del haber mínimo).

Hasta el año pasado el sueldo mínimo era $ 1.240 y se lo elevó en forma escalonada a $ 1.500. Este año, tanto empresarios como sindicalistas descuentan que se acordarán subas también escalonadas. La incógnita es si la CGT y la CTA pedirán 21%, como los estatales o 35% como alimentación y como serán los tramos. Y qué postura tendrán con relación a otorgar el 82% del salario mínimo a los jubilados.

Si se acordara que en agosto el sueldo mínimo subiera a $ 1.700, eso supondría un haber jubilatorio mínimo de casi $ 1.400, cuando hoy es de $ 895. Representaría un incremento del 56%. Y seguiría aumentando cuando entren a regir los siguientes tramos que se acuerden.

Otro tema que no puede seguir soslayando el Consejo es el de Prestación por Desempleo que cobran los empleados formales que son despedidos y no encuentran empleo.

En las últimas reuniones del Consejo ni siquiera se trató el tema y este beneficio se fue desactualizando hasta tal punto que hoy tiene un tope de $ 400 mensuales, equivalente a apenas el 12% del sueldo medio de los trabajadores formales. Según la legislación, sin el tope, debería ser de la mitad del salario de los últimos 6 meses, unos $ 1.700.

El Fondo Nacional de Empleo, que se encarga de pagar este seguro, tiene un presupuesto muy superavitario -de más de $ 1.200 millones- pero el Gobierno lo utiliza para financiar otros programas. Según Seguridad Social, en 2009, los ingresos fueron de $ 1.881 millones y los pagos de $ 610 millones.