Frente al avance del proyecto legislativo de la oposición para llevar el haber jubilatorio más bajo al 82% del salario mínimo, el ministro Amado Boudou, al rechazar la iniciativa, exclamó: "Con las jubilaciones no se juega". Tal vez, debió acordarse de eso cuando estaba al frente de la Anses y, pocos días antes de las últimas elecciones, gastó unos 14 millones de pesos para enviar cartas proselitistas a 5,4 millones de jubilados. ¿No es eso jugar con los fondos previsionales?

A la hora de responder que no hay plata para cumplir con el 82% móvil o para pagar sentencias de actualización de haberes largamente postergadas, el Gobierno debería recordar también que ha venido usando los recursos previsionales como una caja política. Más allá de todas las críticas que pudieran hacérsele al sistema de las AFJP, lo cierto es que el Gobierno se apoderó de los ahorros jubilatorios para paliar, cada vez con más frecuencia, necesidades fiscales o políticas, sin privilegiar el rendimiento de las inversiones para los actuales y futuros jubilados. Así, por ejemplo, se depositaron fondos de la Anses en plazos fijos a tasas de interés inferiores a las del mercado para que los bancos financiaran autos o heladeras.

Hoy, los Kirchner se hallan en un laberinto en el que cualquier salida los hará enfrentar un costo político no menor.

La primera reacción oficial frente al proyecto de la oposición fue alegar que su cumplimiento es imposible y que, de convertirse en ley, sería vetado. ¿Podrá absorber el oficialismo el costo de un veto? ¿Cómo les explicará a los jubilados que los fondos que les niega sí pueden usarse discrecionalmente para financiar proyectos de empresas privadas o gastos corrientes del Estado?

Una segunda alternativa sería buscar recursos de otro lado para mejorar las jubilaciones. Por ejemplo, como sugieren representantes sindicales, subir los aportes patronales a la seguridad social.El problema es que semejante medida aumentará los costos de los empleadores, con el riesgo de provocar despidos, más trabajo en negro o un traslado a precios que acelerará la inflación real.

Una tercera opción pasaría por reasignar el gasto público. Por ejemplo, eliminar los cuantiosos subsidios que se otorgan a empresas de servicios públicos para mantener congeladas las tarifas y volcarlos a los jubilados.

Claro que antes que optar por alguna de esas alternativas, los Kirchner apostarán a persuadir a los senadores de no aprobar el proyecto. Una prenda de cambio sería acceder al pedido de las provincias de recuperar el 15% de fondos coparticipados que hoy van a la Anses. Difícilmente el Gobierno se resignará a hacer algo porque la oposición lo corra por izquierda. Es eso, precisamente, lo que más le duele.