Un juez local ratificó en abril la orden de prisión en contra de Santos -quien asumirá la presidencia de Colombia en agosto- acusándolo de ser autor intelectual de la incursión militar en territorio ecuatoriano, en la que murieron 24 personas, incluido el líder guerrillero Raúl Reyes.

La operación, ejecutada en marzo del 2008, provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá y amenazó con desatar una crisis en la región, en la que se involucró directamente Venezuela.

"Lastima... mientras exista la orden de captura y el expediente este abierto no lo podrá hacer", dijo Correa en una entrevista al ser consultado si Santos podría visitar Ecuador.

"La justicia es independiente y yo no puedo hacer nada", agregó el mandatario ecuatoriano, de visita en Caracas para participar en la celebración de los 199 años de la firma de la Declaración de Independencia de Venezuela.

La orden de prisión contra Santos fue emitida mientras se desempeñaba como Ministro de Defensa de Colombia y tras la incursión militar para destruir un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Bogotá ha señalado que no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a sus funcionarios, lo que ha puesto en peligro un arreglo formal entre ambos países.

Quito y Bogotá están avanzando en un proceso para restablecer sus lazos formales, en medio de pedidos de Ecuador para que Colombia entregue información sobre el ataque militar y una denuncia de un posible espionaje de la agencia de inteligencia colombiana DAS a su gobierno.

Correa aceptó una explicación formal de Bogotá negando el posible espionaje en su contra, y atribuyó la denuncia a un "resentido" que quiere "sembrar el caos".

Pero advirtió que "obviamente se sigue investigando".

Correa, quien ha calificado el ataque como una violación a la soberanía de Ecuador, dijo que podría asistir a la asunción de Santos "si lo invita".