Mientras el ministro de Planificación, Julio De Vido sigue negando la existencia de problemas energéticos y califica los cortes como algo “habitual y programado”, la real falta de gas que se verifica día a día promete dejar sus huellas en las cuentas fiscales.

Así como ha repercutido en la producción industrial y en la actividad laboral, la escasez de gas también tendrá un impacto económico que el Gobierno no puede ocultar.

Las importaciones de combustibles alternativos y de energía eléctrica que se deben hacer para paliar la falta de gas le costarán a las arcas estatales unos US$ 2.300 millones anuales.

La caída de la producción local de gas que se viene registrando desde 2003 obliga a buscar fuentes energéticas alternativas para afectar lo menos posible la marcha de la economía, cuando la demanda de energía crece.

Para cubrir el bache creciente que se produce entre la oferta y la demanda de gas, el Gobierno instrumentará este año 4 medidas de emergencia que se asientan en la provisión externa de combustibles sustitutos y energía eléctrica.

En primer lugar se encuentran las importaciones de fuel oil y gasoil para las centrales de generación térmica. A los precios actuales, los volúmenes de compra programados para 2010 ascenderán a unos US$ 800 millones.

En segundo término aparecen las importaciones de gas natural de Bolivia. Actualmente el precio que se paga a la administración de Evo Morales es de US$ 7,40 por millón de BTU y la provisión promedio diaria es de unos 6 millones de metros cúbicos. Con esos números, la factura anual que se tendrá que pagar a Bolivia es de US$ 600 millones.

A continuación se ubican las adquisiciones de GNL (gas natural licuado) que arriban por barco al puerto de Bahía Blanca. Esta opción que se había diseñado como transitoria para el invierno de 2008, ya se transformó en permanente y con cargamentos que no paran de crecer. De 11 buques contratados en 2009 se pasó ahora a 14 y no se descartan más compras antes de que termine el año. En total, las importaciones de GNL se llevarán unos US$ 500 millones.

Por último figura la provisión externa de energía eléctrica que las centrales locales no pueden producir por falta de gas. Los vendedores son Brasil y Paraguay y, según las proyecciones que se manejan en el sector eléctrico, este año habrá que pagar por esa energía importada unos US$ 400 millones.

Frente a una demanda real que supera los 150 millones de metros diarios (MM3), hoy el sistema gasífero sólo está en condiciones de operar una oferta promedio total de 120 MM3 diarios.

El sistema entró en estado de default operativo no bien aparecieron los primeros días de frío que provocaron un fuerte repunte en el consumo de los hogares y los pequeños comercios, a los cuales no se les puede cortar el suministro.

Para cubrir esa mayor demanda residencial, el Gobierno decidió elevar los niveles de cortes de suministro que venía aplicando desde fines de mayo a las grandes industrias y las centrales térmicas.

Desde el lunes, unos 300 grandes usuarios de todo el país conviven con cortes casi totales que en la mayoría de los casos les impide producir.
En la región metropolitana, la poda alcanzó a 50 grandes industrias ubicadas en la zona de Metrogas y a otras 85 localizadas en el área de concesión Gas BAN.
En el interior, las industrias más afectadas fueron las ubicadas en el polo petroquímico de Bahía Blanca y en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. También sufrieron la falta de combustible los usuarios de gas en garrafas y varias estaciones de GNC del interior del país.