El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció hoy en forma sorpresiva la caducidad de la licencia de Fibertel para ofrecer los servicios de Internet que tenía hasta ahora, luego de comprobar -según el argumento oficial- la violación de normas junto a la firma Cablevisión, que pertenece al grupo Clarín.

En conferencia de prensa, el ministro explicó que la decisión se basa en que la firma llevó adelante una fusión con Cablevisión "sin autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones".

"Estamos denunciando una actitud ilícita por parte de Cablevisión", apuntó el funcionario. Y especificó además que habrá un plazo de 90 días para hacer la migración de datos, en el cual cercade un millón de usuarios debería optar por el servicio de otro proveedor.

Por su lado, la empresa Fibertel -mediante un comunicado- calificó la medida como “una persecución ilegal del Gobierno para reducir la competencia en internet y afectar a los usuarios”.

“En una medida ilegal y arbitraria, que no tiene antecedentes, el Gobierno pretende dar de baja la licencia del servicio de Internet de Cablevisión a través de su marca Fibertel,  y afectar no sólo a su más de un millón de clientes, sino a todos los argentinos que hoy pueden contar con una opción competitiva y de vanguardia tecnológica en banda ancha. La medida busca reducir drásticamente la competencia y consagrar el monopolio de las telefónicas”, aseguró.

A la vez, remarca que “como ya viene sucediendo con otras medidas ilegales del Gobierno, Cablevisión tomó conocimiento de la misma por una conferencia de prensa, en este caso del ministro Julio de Vido”. “Sin dudas, se trata de un nuevo y gravísimo capítulo dentro la escalada, cada vez más totalitaria, de ataques del Gobierno contra las empresas del Grupo Clarín”, continúa.

En otros conceptos, la compañía aclara que impugnará la medida ante la Justicia y que “desde 2003, Cablevisión es la titular de la licencia que opera con la marca Fibertel, tras la absorción societaria de esta última, que fue aprobada por la Inspección General de Justicia”.

En cuanto a los usuarios, asegura que mientras se define judicialmente el caso, seguirá prestando el servicio en forma normal.