“Ya para estos años Aída Ayala presidía el Concejo Municipal y a partir del año 2003 asume como intendenta de Resistencia, caracterizando su gestión por una ausencia total de políticas que permitan el acceso a un lote de tierra con servicios para los vecinos y nuevas familias de la ciudad, como así también la falta de planificación en el crecimiento urbano”.

“Pero como estos fenómenos sociales son inevitables, la falta de presencia del gobierno municipal en el territorio hizo que los vecinos intenten resolver y gestionar soluciones por su cuenta, surge así una etapa de ocupaciones de tierras que hoy suma más de 200 asentamientos irregulares, siendo la Legislatura a través de la expropiación la que fue conteniendo la demanda y compensando los legítimos intereses de los propietarios y de los ciudadanos”.

“La realidad que se generó impide que se miles de familias puedan ser propietarios de un lote de tierra, la ocupación y consolidación de los asentamientos sin la coordinación del gobierno municipal responsable de la urbanización, hizo que hoy para regularizar muchas expropiaciones haya que invertir más dinero que lo que se hubiera hecho falta si se planificaba el crecimiento de la ciudad, ejemplo de ello son las familias que viven en lugares por donde tendría que pasar una calle, medidas y ubicación de lotes por fuera de la normativa vigente, viviendas construidas en zonas bajas, falta de obras básicas de desagüe, etc”.

Políticas desde el Gobierno Provincial

“Consciente de esta necesidad, el Gobernador Capitanich crea el programa Territorio Urbano e impulsa la aplicación del programa nacional PROMEBA, con lo que se busca generar políticas de regularización dominial, aportar a la planificación y urbanización de las ciudades, gestionar recursos y optimizar su aplicación. Pero esto encuentra un límite si no hay una mirada similar en los gobiernos municipales, quienes son los facultados por la Constitución Provincial para “Dictar ordenanzas y reglamentaciones sobre a) urbanismo, que aseguren planes de urbanización, desarrollo y ordenamiento; b) servicios públicos; c) catastro; d)…”.


Resistencia: la Carta Orgánica en el cajón

“La ciudad de Resistencia es la que atraviesa la principal problemática. La mayor beneficiada por leyes de expropiaciones tiene el doble problema de crecimiento poblacional derivado de corrientes migratorias internas y el alto costo de la tierra”.

“Las autoridades municipales, por omisión, han delegado todas sus facultades en otros niveles del Estado.

Incluso incumpliendo sus obligaciones básicas establecidas en el artículo 97 de la Carta Orgánica que manda promover la regularización dominial y catastral, la recuperación de viviendas precarias y el establecimiento de un banco de tierras municipales para la disponibilidad de tierras aptas para el desarrollo del hábitat, las que se asignarán como propiedad dando prioridad a los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales y/o de escasos recursos”.

Imperiosa necesidad de impulsar loteos sociales y crear el Banco de Tierras
“Recordamos que desde el Bloque Frente Grande se impulsa un proyecto de Ley que busca crear el “Banco de Tierras” como alternativa para generar oferta de lotes con servicios para los ciudadanos con distintos niveles de ingresos, entendemos sería una alternativa a las ocupaciones y conformaciones de asentamientos irregulares, permitiendo una planificación que optimice la utilización de recursos públicos y genere oportunidades para todos”.

“Pero además se impone la intervención del Estado en todos sus niveles para que cada familia pueda tener su lote, sin un adecuado financiamiento la situación, en el mejor de los casos, continuará”.

“Lo más grave es que la situación podrá empeorar, especialmente en Resistencia”.