El titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Julio García, aclaró que la provincia del Chaco se encuentra adherida al Programa Nacional de Protección de Testigos y que específicamente se viene instrumentando en el marco del juicio oral sustanciado contra agentes policiales por la muerte del artesano Juan Angel Greco. Así, salió al cruce del fiscal de Derechos Humanos del poder Judicial del Chaco, Daniel Turraca, quién puso en duda que se esté instrumentando el sistema debido el temor a declarar de la viuda del artesano.

“Estoy convencido que el doctor (Daniel) Turraca no leyó el expediente”, sostuvo García, en diálogo con RADIO CIUDAD, luego de que el funcionario del poder Judicial advirtiera que no vio ninguna actuación del gobierno provincial para proteger a los testigos de la causa Greco. “El, como fiscal de Derechos Humanos, debería saber que en el caso del Programa de Protección de Testigos adjuntamos antes del inicio de la audiencia debate –que empezó el 23 de agosto-, en mayo de 2011, el gobernador (Jorge) Capitanich y el ministro (de Gobierno, Juan Manuel) Pedrini ratificó el convenio de cooperación y asistencia técnica para las tareas de protección de testigos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Hay un convenio que está vigente”.

A su vez, el funcionario provincial advirtió: “le pediría al fiscal de Derechos Humanos que revise el expediente de fojas 1028, 1029, 1030, 1032, donde está la comunicación del 4 de agosto del 2011 de nuestro Ministerio (de Gobierno), la comunicación del ministro Pedrini al director nacional del Programa Nacional de Protección de Testigos, Darío Ricardo Díaz, específicamente para el caso Greco y la notificación el día 1 de agosto de 2011 a la señora Graciela Chavarría de Ise sobre el Programa de protección de testigos en la causa ‘Escobar Juan Carlos y otros’ para que se instrumente el mecanismo”.

“La Secretaría de la Cámara sabe, los miembros de la Cámara del Crimen nº1 lo saben, el fiscal de Derechos Humanos parece que no leyó el expediente”, puntualizó García. Y en ese sentido explicó que “hay una persona que tiene miedo de venir a declarar a la provincia –por la viuda de Greco-, nosotros le ofrecemos las garantías, y el fiscal de Derechos Humanos en vez de leer el expediente, sale a hacer declaraciones”.

“Si no ha visto el expediente, que lo revise el fiscal de Derechos Humanos porque hay una persona en riesgo. Y quienes son parte en el proceso no es el poder Ejecutivo sino los operadores del sistema. Es un testigo clave en la causa, es un testigo que él ha ofrecido, que tiene de parte del Estado provincial todas las garantías para declarar en la provincia o para declarar mediante videoconferencia. Eso es lo que a nosotros nos preocupa”, concluyó el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano.