La decisión de Arturo apunta a dar respuestas en un rubro que ya había sido atendido por su gestión, con carácter preventivo, en 2007, cuando las autoridades provinciales iniciaron negociaciones con el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, para que el Gobierno Nacional financiara por lo menos en parte la construcción de una nueva cárcel en cercanías de la capital correntina.

La subsecretaria de Obras Públicas, María Elena Villarroel, participó de tales conversaciones y recordó: “Todo quedó finiquitado en 2008 y hasta llegaron a Corrientes autoridades nacionales para formular el anuncio conjunto con el ministro de Gobierno, Walter Insaurralde; el nuevo instituto carcelario se construiría en San Cayetano sobre un terreno provincial y la gestión de Cristina Fernández Kirchner financiaría el 100 por ciento de la llamada cárcel federal”.

Sin embargo, pasaron los meses, la relación de la Nación con la provincia se enfrió a partir del conflicto con el campo y las previsiones que había diseñado la administración de Arturo Colombi quedaron entrampadas en la política de restricciones económicas a los distritos no alineados con el kirchnerismo.

En medio de esa realidad que hasta motivó recientes reclamos a la Corte Suprema por parte de Corrientes (y otras provincias) en reclamo de fondos adeudados por la Nación, se oyeron críticas provenientes del Superior Tribunal de Justicia, algunos de cuyos miembros recorrieron sedes penales para verificar “lo que el Gobierno provincial ya había diagnosticado hace mucho tiempo: hacinamiento, deterioro de las condiciones edilicias y falencias propias de la falta de inversiones durante años”, explicó Villarroel a la Dirección de Información Pública.

Para la funcionaria, lo que “no se dijo al difundir esas críticas a nuestra gestión fue que nosotros vimos este problema hace tres años e instrumentamos las medidas dispuestas por el gobernador para resolverlo con carácter preventivo hasta llegar a la solución definitiva en teoría: la construcción de un nuevo complejo en San Cayetano que por inacción nacional quedó en veremos”.

Ahora, frente a la indiferencia de la Nación y en un año donde la campaña proselitista hace que los fondos nacionales se vuelquen a favor de los candidatos K en vez de a las instituciones, el gobernador Arturo Colombi dispuso que se realicen obras de emergencia para dar respuesta al menos parcialmente y en forma gradual a la población carcelaria de la provincia.

Así, en breve tiempo y con recursos genuinos, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos encarará junto con el Ministerio de Gobierno una obra de recuperación y readaptación de áreas ociosas de la Unidad Penal N 1 para dotar de mayor comodidad a los internos (alrededor de 500 en la actualidad), entre otras inversiones que no tienen un costo elevado pero resuelven problemas puntuales que pasan generalmente por la capacidad de alojamiento de procesados o condenados.

 LAS OBRAS EN MARCHA

 La subsecretaria Villarroel sostuvo a la Dirección de Información Pública que la labor encomendada por el Gobernador consta de varios eslabones que comenzarán por la entrega, en el corto plazo, de 10 unidades habitacionales construidas por la provincia en el predio de la granja Yatay, en las que serán alojados internos con buena conducta.

Pero el otro paso de este esquema de emergencia diseñado por el propio Arturo, que una vez más aplicó sus conocimientos en materia de ingeniería civil, es la refuncionalización de distintos sectores de la antigua Unidad 1, que mejorará de esa forma su capacidad para el alojamiento de personas con problemas penales.

En concreto, según explicó Villarroel, todas las obras que tiene que hacer la provincia para resolver medianamente las urgencias del sistema carcelario de la provincia son consideradas en este punto de la realidad correntina como “de emergencia”.

El rótulo “de emergencia” implica que “tienen prioridad y además sirven para atacar lo coyuntural, como por ejemplo mejoras edilicias de urgencia que se requieran para preservar la integridad física y psicológica, dentro de lo posible”.

Entonces, “lo que se va a hacer es una intervención de coyuntura en función de los informes que proporcionaron el ministro de Gobierno y el director del servicio penitenciario provincial”, señaló la funcionaria.

Especificó en tal sentido que “se recuperara una nave que está actualmente en desuso en la Unidad 1 para convertirla en área de comedor, visitas de familiares en horarios permitidos y desarrollar lo que sería la actividad social que hoy se desarrolla en las galerías”.

“A esto le sumamos las 10 viviendas en la granja Yatay, ya terminadas, para permitir que los presos de buena conducta vivan en un clima de semilibertad, desollando labores en una huerta y en otras tareas manuales. Además, en simultáneo, hemos finalizado la construcción de cuatro torres de vigilancia y contrafuertes de sostén de los muros exteriores de la Unidad 1, además de un sector que en su momento iba a ser para oficinas y que ahora se lo adaptará para alojar a internos”.

El plan de acción encargado por el gobernador incluye otras realizaciones de bajo y mediano presupuesto pero que “sirven para atacar las situaciones más urgentes como las del hacinamiento y la falta de espacios para el desarrollo y el aprendizaje de oficios por parte de los presos, con la finalidad central de cumplir con la misión de reinserción social que debe tener una penitenciaría”, concluyó Villarroel.

EUROSOCIAL SIGUE

En tanto, el fiscal de Estado de la provincia, Fernando Carbajal, recibió "pleno respaldo del gobernador Arturo Colombi para aprovechar todos los beneficios que se presentan desde el programa Eurosocial para el tratamiento de menores con problemas penales", señaló el funcionario.