El Concejo Deliberante convirtió ayer en ordenanza el proyecto que establece la gratuidad del transporte público para todas las personas discapacitadas.
La nueva norma viene a terminar con meses de conflictos, ya que las empresas de transporte, en una libre interpretación de lo establecido por la ordenanza 3.193 y la 2.015, limitaban el derecho de transporte gratuito a discapacitados motores y mentales evidentes, dejando afuera, por ejemplo, a los hipoacúsicos. De la misma manera, ponían cupo a la cantidad de personas beneficiarias que podían viajar por unidad, lo que también ha quedado prohibido de forma explícita.
Tras la sesión, los concejales aseguraron que la demora en la aprobación ha tenido que ver con la necesidad de analizar a fondo la situación, “para no dejar ningún resquicio a los empresarios de volver a una actitud similar a la que causó los problemas”. Esto, sumado al mes de receso de actividades por la emergencia sanitaria, provocó que el proyecto se apruebe casi dos meses después de haber sido presentado.
“Estamos sumamente conformes”, señaló el oficialista Gustavo Valdés, “porque esta ordenanza pone fin al maltrato del que los discapacitados eran víctimas por intereses económicos del empresariado”. Reconoció la demora en la aprobación, pero aseguró que “llega justo a tiempo, ya que acaba de terminar la prórroga para la renovación de los pases libres”.
Destacó el hecho de la derogación de la ordenanza 2.015, que tenía una definición de discapacidad “confusa y excluyente”, y aseguró que con el establecimiento del nuevo concepto, comprendido en el texto de la nueva ordenanza, la municipalidad legisla en concordancia con lo que establece la legislación nacional en esta materia.
La nueva ordenanza establece que se considera discapacitada a “toda persona que presente alteraciones funcionales, físicas o mentales, permanentes o prolongadas, que con relación a su edad o medio social impliquen desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.
Juan José López Desimoni, uno de los autores del proyecto, aseguró que “es un avance importantísimo, porque volvemos a establecer reglas claras, que impiden el abuso contra usuarios con derechos legítimos”.
Cantalicia Encinas, firmante de uno de los despachos, hizo la salvedad de que “si bien recién ahora se aprueba la ordenanza, ya existía una resolución de la Subsecretaría de Transporte en el mismo sentido. La diferencia es ahora la fuerza que tiene la norma”.