La noticia de la mañana fue que se confirmó oficialmente que la nueva administración dio de baja a casi el 90 por ciento de los beneficiarios de becas comunitarias tras considerar que se detectaron irregularidades en el área de Desarrollo Humano.

Esta vez, los cuestionamientos estuvieron a cargo del actual secretario de Desarrollo Humano, el ex diputado ricardista Raúl Martínez, quien acusó sin dar nombres a los funcionarios que ocuparon esa área durante la gestión arturista. Anticipó en fuertes declaraciones a radio La Red que “en su momento” pedirá que la justicia investigue los casos. 

Según Martínez, la gestión compraba un 30 por ciento más de la mercadería necesaria a una empresa de proveedores para abastecer a los comedores comunitarios que son asistidos por el Estado en toda la provincia, con una lista de 16 mil supuestos beneficiarios, (niños y ancianos), “que nunca existieron” en esos centros. “Alguien se quedaba con ese 30 por ciento de mercadería y en la empresa proveedora me dijeron que ellos sólo cumplían en venderle a la secretaría lo que le solicitaba”, expresó el funcionario. 

Martínez admitió que este caso podría constituir un delito contra la administración pública y aseguró que, una vez terminada la investigación interna en el área, llevará el caso a la justicia para que se investigue y se busque a los responsables. 

El otro caso es el del pago de becas comunitarias. Ayer, la noticia quizá más importante de la mañana fue que el Gobierno dio de baja a una larga lista de beneficiarios porque superan ampliamente a la cantidad de trabajadores de trabajadores que tiene Desarrollo Humano para su funcionamiento. Cuando asumió la nueva gestión, según Martínez, encontró un padrón de 3.870 becarios, mientras que la planta de personal alcanza a los 800 empleados. Ahora, por decisión oficial sólo quedaron unos 300 beneficiarios. 

Esta cantidad de becarios demandaba un presupuesto de 16 millones de pesos anuales para el Estado al tiempo que se pagaban unos 344 pesos por mes a cada beneficiario. “En este caso, el problema es que no podemos tener más becarios que trabajadores formalizados”, explicó el funcionario. 
Estas supuestas irregularidades fueron detectadas mediante un relevamiento que comenzó después del 10 de diciembre pasado con el 100 por ciento de los comedores y las planillas de becarios. 

¿Quiénes son los responsables de estos hechos que usted menciona?, le preguntaron a Martínez en radio La Red. “Son principalmente los que estuvieron a cargo de la dirección de Comedores”, respondió y no quiso dar nombres. Durante la gestión de Arturo, pasaron como secretarios de Desarrollo Humano, Salvador González Nadal, quien debió renunciar hace dos años luego de que la justicia provincial lo procesara en una causa que lo imputó por irregularidades en contra del Estado en la compra de alimentos para comedores. 

Después, fue reemplazado por Miguel Angel Bassi, quien dejó el cargo en 2009 tras una disidencia en la interna radical cuando del arturismo se pasó al ricardismo. 

A partir de ahí, el ex gobernador decidió nombrar a Carlos Fagúndez, quien se hizo cargo del área, mientras que a su vez era secretario General de la Gobernación, hasta el 10 de diciembre pasado cuando terminó el gobierno. 

La República intentó comunicarse ayer con Fagúndez, puesto que es a él a quien apuntan las fuentes oficiales en off de record, pero fue imposible obtener su versión de los hechos.
A diferencia de Bassi y González Nadal, Fagúndez fue uno de los funcionarios de mayor confianza del ex gobernador. Dejó su cargo de intendente de La Cruz para ocupar una de las áreas de mayor importancia en la administración como es la secretaría General de la Gobernación.

Estos cuestionamientos a la gestión anterior se suman a los expuestos por el titular del Registro Civil, Marcos Amarilla, quien el lunes último llamó a conferencia de prensa y denunció que el nuevo edificio del organismo, que fue reinaugurado hace 4 meses, ya presenta fallas en su remodelación porque “se inunda cada vez que llueve”. Otra cuestión más resonante es la acusación permanente por el nombramiento de contratados, pases a planta y recategorizaciones de empleados públicos que se decretaron en los últimos meses de 2009.