Los senadores correntinos no esquivaron el debate del momento, la posible reedición de los bonos, y la relación con la Nación, que hoy no está pasando por un buen momento.
Si bien hasta ahora no presentarían un pronunciamiento sobre el tema, ya son varios los senadores que rechazaron autorizar al Ejecutivo a pagar con bonos los sueldos. “De ninguna manera aceptaremos que se vuelvan a abonar los sueldos con Cecacor”, apuntó uno de los voceros de la oposición. 
Por su parte, los peronistas no dejaron entrever si estarían dispuestos a mediar para que la Nación cese con los descuentos de coparticipación que pusieron en jaque a las finanzas correntinas. 
Para la oposición hay cosas que aún no están claras y esperan la llegada del Presupuesto. Con el proyecto analizarán qué camino tomarán en el caso de que efectivamente haya un pedido para emitir bonos o cuasimonedas.
Por otra parte, el Senado convirtió ayer en ley la prórroga por el término de tres años de la vigencia del Régimen Especial de Emergencia en Ejecuciones Hipotecarias y otorgó media sanción a una ley que obliga la continuidad hasta la total terminación de los procesos judiciales sustanciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que persiguen el cobro de las deudas y reconocimiento de derechos que el gobierno federal mantiene con la Provincia.
Aprobó, además, los proyectos de resolución presentados por la senadora Susana González por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre los medios a fin de lograr la emisión de la señal de Canal 7 (Televisión Pública) en todo el territorio provincial y por el que se solicita que se inicien gestiones ante el gobierno nacional y el Inta, a los fines de lograr la reapertura de la Agencia de Extensión Rural en la localidad de Saladas.
Asimismo, aprobó un proyecto presentado por varios senadores por el que se solicita a la Nación, la Provincia y la Municipalidad que informen sobre datos del predio de la ex usina de la ciudad de Corrientes.
Demandas ante la Corte
“Esta ley pretende asegurar la ratificación y continuidad de los procesos iniciados por la Provincia contra la Nación. Se trata de reclamos de distintos ítems de coparticipación federal, donde están en juego valores federales, derechos autonómicos de dignidad, de reequilibrio, y para terminar con la discriminación manifiesta a nuestra provincia”, destacaron los legisladores que propiciaron este proyecto.
“Habiéndose agotado instancias para solucionar vía política, no sólo los reclamos concretos que se demandan, sino además que se dé cumplimiento a la cláusula transitoria sexta de la Constitución reformada, que dispuso el régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal. El incumplimiento constitucional por parte del Estado lleva ya más de doce años”, determinaron.
En el caso de que la norma sea aprobada, el Gobernador no podrá renunciar, desistir, acordar, o pactar un modo anormal de estos procesos, salvo expresa autorización de la Legislatura.