Hay una denuncia y en base a esa presentación formal se dio intervención a la Justicia, que abrió la investigación y por el momento hay dos funcionarios policiales detenidos y un civil”, dejaron trascender fuentes policiales consultadas por La República.
Asuntos Internos de la repartición colabora con la tarea judicial. Se trata de reunir las pruebas concretas para sostener los cargos. En las últimas horas le habrían levantado la incomunicación a los suboficiales y al civil que se encuentran alojados en dependencias de la comisaría 5ª. Una vez que designen sus abogados defensores, serán convocados por el juez de la causa para declarar y en este paso procesal podrían abstenerse. 
Los agentes involucrados en un presunto caso de cohecho son un sargento, un cabo y un empleado administrativo de la dotación de la Dirección de Investigación Criminal.
A principios de febrero último, un suboficial con prestación de servicios en la comisaría 5ª, fue detenido en un procedimiento que realizaron agentes de la Dirección de Investigación Criminal. El cabo, que está preso, fue acusado de integrar una banda delictiva que cometió al menos tres robos a manos armada, entre ellos en una constructora. Se allanó su domicilio y se secuestró material que lo comprometería. 
Por rara coincidencia, personal de la comisaría 5ª interviene, por jurisdicción, en el caso de la probable extorsión. 
Lo que trascendió
No hay por el momento información oficial sobre cómo habrían ocurrido los hechos. Distintos medios locales consultaron al Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, desde donde se limitaron a decir que “hay dos funcionarios de la repartición y un civil demorados y que el caso es investigado por la Justicia”.
Trascendió que los suboficiales implicados en la presunta maniobra delictiva, interceptaron el paso de un vehículo y habrían amedrentado al conductor por una suma de dinero para no tener problemas con el vehículo. 
En un principio el automovilista se negó al pedido, pero los policías habrían insistido en que “podrían aparecer causas en su contra”, por lo que el dueño del auto, renegando, aceptó el “trato” con una rebaja de las pretensiones de la patrulla. Se habría acordado entregar el dinero en el domicilio del damnificado, quien antes de concretar la operación alertó a la policía. 
Efectivos de la comisaría 5ª se apostaron discretamente en el lugar y cuando se retiraban los “recaudadores”, fueron interceptados y trasladados a la unidad, a la vez que se puso en conocimiento de la superioridad y de la Justicia. En el caso interviene el titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 4, doctor Diego Núñez Huel.