El nivel de productividad de leyes en estos años, es increíblemente inferior a este parámetro de incremento del gasto. El 96% de los fondos se utilizaron para pagar dietas a los legisladores, cupos, sueldos; y otras asignaciones a personas que muchas veces no cumplen funciones específicas y por las que hay causas judiciales.

El 2002 fue el primer año de funcionamiento normal del Poder Legislativo; después que la última intervención federal se retiró en diciembre del 2001. Aquel año el Ejecutivo le giró a la Legislatura $9.952.600 para sus erogaciones. En 2005 finalizó el primer mandato de gobierno Ricardo Colombi; y su administración no le escatimó recursos a la Legislatura. En sus primeros cuatro años le incrementó en un 176,36% más de fondos; y el presupuesto parlamentario creció en 17.553.125 en esos cuatro años.

Durante los cuatro años de gobierno de Arturo Colombi, los giros a la Legislatura también crecieron desmesuradamente. En 2006 el parlamento local gastó $32.731.200. Se estima que en 2009 gastó unos $62.000.000; ya que no hubo presupuesto oficial. Entre el 2005 y 2009 el gasto de la Legislatura creció 89,42%; pero lo más significativo es que los recursos que el Ejecutivo le giró subieron en $29.268.800.

El Artículo 14 del proyecto de presupuesto 2010 que está siendo analizado en la Cámara de Senadores, prevé $77.000.000 para el Poder Legislativo; un 24,19% más de lo recibido el año pasado.

Cómo se justifica el
incremento en el gasto
Entre el 2002 y el 2010, el presupuesto legislativo se incrementó en $67.047.400. En estos nueve años, la cantidad de Diputados (26) y la cantidad de Senadores (13) no se incrementó.
La única justificación en el incremento del gasto es la suba en las dietas y los cupos (personal que tienen a su cargo) de los legisladores.
Los famosos cupos son utilizados por los legisladores para pagar “asesores”; que muchas veces no cumplen funciones específicas.
El 14 de noviembre de 2008 el ciudadano Alberto Ruiz Díaz, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Nº 6 una denuncia contra el Poder Legislativo, por la existencia de “ñoquis”. Según datos oficiales de aquel momento, la Legislatura les pagaba el sueldo a unos 1.400 “asesores técnicos”.
Se probó que muchos de ellos cobraban sueldos de entre $3 mil y $10 mil, y no se le conocía lugar de trabajo