Según constaría en la denuncia penal presentada en los Tribunales de Comodoro Py ante el juez Ariel Oscar Lijo, recursos que deberían llegar a la Mesopotamia para invertir en obras, tuvieron un destino muy diferente.

De acuerdo con datos a los que accedió La República, mencionaron que “una auditoria ha detectado gravísimas irregularidades en los pagos de indemnizaciones, que afectarían los fondos excedentes de Salto Grande que deben ser girados a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones”.

“Los elementos de prueba recolectados brindan convicción suficiente para presumir la posible comisión de delitos de acción pública en detrimento del patrimonio del Estado nacional y específicamente a las partidas correspondientes a los fondos excedentes de Salto Grande, que por ley nacional corresponden girar a las tres provincias”, determinó la fuente consultada.

“Entre las irregularidades detectadas estaría la confección de actas de daños con datos falsos, mal emplazados y sobredimensionados, falta de documentación original en los expedientes auditados, terrenos que no habrían sido afectados por la creciente del embalse, pero que los propietarios y/o arrendatarios de los mismos habrían recibido cuantiosas indemnizaciones en perjuicio de los fondos públicos, terrenos expropiados por el Estado nacional que fueron usurpados por particulares y mediante la presentación de documentación adulterada”, explicaron.

En el caso de que se demuestre que efectivamente se usaron fondos reservados para Corrientes, la causa podría determinar una acción por parte de la damnificada con el objetivo de que no vuelva a pasar.