Las denuncias de los adjudicatarios fueron tomadas por el Defensor de Pobres y Ausentes, Enzo Di Tella. Pide que se realice un inventario con los problemas que aparecieron en todas las casas y que se suspenda el cobro de cuotas. Además, solicita que se tomen medidas sobre los problemas de accesibilidad y ante la falta de seguridad y atención sanitaria.

Las 550 viviendas fueron entregadas en abril, tras 5 años de demora en la construcción. Tras los numerosos reclamos de los vecinos de las nuevas viviendas entregadas hace pocos meses en el barrio Pirayuí, la Justicia decidió intervenir en el caso. El tema fue abordado por la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes Nº 1, desde donde se presentó una medida que ordena realizar un inventario con las fallas detectadas en las casas, además de atender otras cuestiones que hacen a la accesibilidad, seguridad y atención sanitaria.

La medida judicial sobre las falencias en la construcción de las casas del Pirayuí II está orientada hacia el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) y el Gobierno de la Provincia. El barrio fue inaugurado hace menos de 4 meses, tras 5 años de demora en la edificación.

El caso fue tomado por el titular de la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes N° 1 de la Primera Circunscripción de la Provincia de Corrientes, Enzo Di Tella, quien inició una medida autosatisfactiva ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 “contra el Instituto Provincial de la Vivienda de Corrientes, y/o Gobierno de la Provincia de Corrientes, y/o contra quienes resulten responsables”. 

Mediante este expediente, el funcionario pretende que se confeccione en el término de 10 días un registro e inventario de la totalidad de las unidades habitacionales y viviendas que fueron entregadas en dicho barrio.

El trabajo deberá ser desarrollado por los profesionales del Invico, “con efectivo contralor por parte de la Dirección de Arquitectura del Poder Judicial”. Así, se busca identificar “qué problemáticas presenta cada una de las viviendas en la infraestructura habitacional y/o deficiencias, carencias básicas y defectos de construcción y se obligue a llevar a cabo la reparación y/o construcción a efectos de poner en condiciones de habitabilidad, cada una de las viviendas”.

En el expediente se establece además “la suspensión del cobro del importe de las cuotas, sus intereses y actualizaciones, a los titulares de dichas viviendas, cuyo pago se reanudará una vez que se efectivicen, concreten y verifique mediante constatación fehaciente que se han cumplido por parte de los demandados”. Cabe recordar que los pagos mensuales tienen un costo aproximado de 400 pesos.

Además de los problemas en materia edilicia, la medida también pide soluciones sobre otros problemas que afectan al flamante barrio, como la accesibilidad. Por ello, solicita el saneamiento, reparación inmediata y posterior mantenimiento de las calles de acceso, internas y egreso. 

El tema de la asistencia sanitaria también preocupa seriamente a los pobladores de la zona, por lo que el expediente solicita “la instalación y puesta en funcionamiento, en el término de 30 días, de un centro para la salud que cuente con distintas especialidades”, teniendo en cuenta que en el 60% de las casas habitan personas discapacitadas. Asimismo, pide la “instalación de garitas policiales que brinden seguridad durante las 24 horas a la totalidad de los habitantes”.

Cabe recordar que días atrás se constituyó en el Pirayuí II el Cuerpo Médico Forense de Tribunales de la Ciudad de Corrientes que, previo examen y evaluación, elaboró un informe que dictaminó que el estado de salud de los habitantes no es óptimo y que presentan afecciones respiratorias debido a la humedad acumulada en las paredes de las viviendas, por lo que se considera necesaria la creación de un centro de atención de urgencias, en razón de la distancia en que se encuentra ubicado el barrio. (El Litoral)