Las modificaciones a una ley (la Nº5.853) que regula el funcionamiento de la Fiscalía de Estado puso sobre el tapete el contrato de tercerización de la Dirección General de Rentas, una de las operaciones más polémicas ejecutadas durante el anterior gobierno de Ricardo Colombi (2001-2005), y que todavía se mantiene vigente con una erogación millonaria de recursos públicos que van a parar a una empresa privada. Desde septiembre de 2004, y hasta estos días, la firma Karstec S.A. que maneja la recaudación provincial mediante un convenio de asesoramiento que tiene al Banco de Corrientes como palafrenero del negocio habría embolsado más de 400 millones de pesos. 
El dato de los millones fue ventilado en el recinto del Senado cuando se debatieron y sancionaron (hace dos semanas) cambios a la Ley de la Fiscalía de Estado que ahora ya no tiene más a su cargo la ejecución de los juicios de apremios fiscales, tarea que quedó a cargo del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Rentas que está en manos privadas. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo. Los abogados de la Fiscalía litigarán, pero del cobro se ocuparán otros actores. 
Este traspaso llevó a los legisladores a revisar la situación de la Dirección General de Rentas y descubrieron con sorpresa que el organismo se encuentra controlado por una firma privada que desembarcó en Corrientes en tiempos de la Intervención Federal. Karstec ya se encargaba de la ventanilla de recaudación cuando ALTEC SA, una empresa de Río Negro, fue puesta por los cordobeses en ese lugar. 
El contrato de ALTEC (que tenía como subcontratista a Karstec) se extendió hasta 2002 cuando ya gobernaba Ricardo Colombi. En septiembre de 2004, mediante un expeditivo procedimiento, el Ministerio de Hacienda (José Enrique Vaz Torres) contrató al Banco de Corrientes (Alejandro Retegui) para que se ocupe de “optimizar” la recaudación tributaria de la Provincia. El banco subcontrató a dos firmas: Servicios y Consultorías SA (de Hermann R. Karsten) y Karstec SA (de Cristian E. Karsten) que se ocuparían del trabajo. Todo este proceso se finiquitó en apenas dos semanas; para octubre de 2004 los “K” ya estaban cobrando sus primeros honorarios. En seis años percibieron más de 400 millones de pesos, tres veces más de lo que se estimaba oficialmente para todo el contrato. 
Según el senador Noel Breard, Karstec SA recibió en agosto pasado 5,4 millones de pesos por el servicio de asesoramiento. 
El vínculo fue pautado por diez años, hasta el 2014, y se utilizó el Banco de Corrientes como pantalla ya que es por ley el agente financiero y órgano recaudador de las rentas de la provincia. Pero, por tratarse de una empresa privada (una sociedad anónima) controlada por el Estado, se eludió el llamado a licitación pública. La relación con los “K” se estableció por contrato directo. 
Esto despertó sospechas en la Legislatura y la Cámara de Diputados interpeló en abril de 2005 al ministro Vaz Torres (lo era en aquel momento y hoy de nuevo está en ese cargo) y a su subordinado Retegui. (Ver recuadro) 
En esa interpelación surgieron datos sugestivos sobre un negocio suculento, a tal punto que los Karsten ganan aunque la Provincia pierda (ver página 5). Sin embargo, con el paso del tiempo, la operación va camino a una cornisa legal. Sucede que el año próximo -en 2011- vence el plazo estipulado por la Ley 4.576 que le da potestad al Banco de Corrientes como agente financiero de la Provincia, a partir de ese momento; sin el estatus legal desaparece el soporte sobre el que se asienta la relación contractual de Hacienda-Banco-Karstec. 
La Dirección de Rentas, sin el Banco como percherón para la recaudación, recupera su plenitud funcional. El contrato de “asesoramiento” se extiende hasta 2014, pero tres años antes el mandante deja de ser tal. ¿Cómo se cubrirá el vacío?