Según Gómez y Cabrera, es contradictoria la versión de Escalante sobre que los balances están en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, porque dicen que a fines del 2008, a pedido de ella, habían aprobado una ordenanza a través de la cual crearon un organismo municipal de auditoría.

Después de varios pedidos de informes y fallidas interpelaciones por los balances de los últimos 12 meses de gestión, el Concejo aprobó ayer una suspensión por 25 días para la intendenta de Santa Ana, Ana María Escalante (ex Frente de Todos). Consideran que estaría incumpliendo con su deber de informar al Legislativo sobre el manejo de los fondos municipales, pero la jefa comunal asegura que la documentación está en el Tribunal de Cuentas de la Provincia y por eso anunció que apelará la sanción ante la Justicia.
El Municipio de Santa Ana está inmerso en una intrincada situación institucional debido a las controversias que se generaron entre la Intendencia y el Concejo por los balances del segundo semestre del 2009 y el primero del corriente año.
Por un lado, desde el cuerpo deliberativo su presidente Fernando Gómez (PJ) aseguró  que agotaron todas las instancias administrativas para lograr que Escalante enviara los balances. En este sentido, recordó que después de varios pedidos de informes, a principios de este mes, decidieron interpelarla al recinto. Así fue que la convocaron para el pasado viernes 3 de septiembre, oportunidad en la que presentó un certificado médico y no concurrió. Por eso los ediles decidieron prorrogar la convocatoria para el lunes 6, jornada a la que también faltó.
Una vez más, la citaron para el miércoles 8, pero recibieron una nota en la que presuntamente le solicitaba más tiempo para presentar la documentación contable requerida desde el Legislativo.
Así, le dieron una nueva fecha para el viernes 10 y si bien, según los ediles volvió a faltar, días después la comisión investigadora del Legislativo emitió un dictamen a través del cual le otorgaban cinco días más de plazo, esto es hasta el martes 21, para que Escalante presentara al menos la documentación contable del segundo semestre del 2009. Caso contrario, proponía una suspensión por 25 días. La mayoría aprobó esa moción.
Pero cumplido ese plazo tampoco recibieron los ba-lances en el recinto y el miércoles 22 decidieron declararla en “rebeldía” por negarse a rendir cuentas. Y para garantizar su derecho a defensa le designaron un abogado que analizaría todo el proceso y precisamente ayer emitiría un dictamen en el Concejo.
“El abogado hizo su alegato: entre otras cosas dijo que no era facultad nuestra suspenderla e hizo mención a artículos que desde nuestro punto de vista no condicen con la situación que se planteó desde el Concejo”, afirmó ayer a  el presidente del Concejo, Fernando Gómez. 
Asimismo, añadió que “por eso se sometió a votación la suspensión por 25 días que fue aprobada con el voto de Laura Cabrera (PL) y el mío, porque Navarrete -el yerno de la Intendenta -otra vez volvió a faltar”.
Esa sanción, según Gómez, se le notificó minutos después a Escalante a través de la Viceintendencia, empero recibieron como respuesta que no sería acatada. “Pero eso ya es cuestión de ella, nosotros notificaremos al banco y al Ministerio de Gobierno que está suspendida por 25 días en sus funciones”, aseveró el presidente del Concejo.

Apelación
Por su parte, la intendenta Ana María Escalante al ser consultada ayer por El Lito-ral admitió que la notificaron de la suspensión por 25 días. Pero aclaró: “Yo no acataré esa sanción porque es injustificada, yo ya le informé al Concejo Deliberante que hice un convenio con el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que serán ellos los que supervisarán los números y después elevarán un informe al Concejo”. Además, remarcó que “está mal el procedimiento porque primero, sólo estaba una concejal y segundo, ellos me designaron un abogado defensor que en ningún momento se comunicó conmigo; no me vino a pedir ningún papel, cómo va a defenderme de esa forma”, planteó.
Con esos argumentos, anoche Escalante anticipó a El Litoral que “mañana (por hoy) el estudio jurídico que me asesora presentará un recurso de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia, para que sea la Justicia quien decida si me corresponde o no una sanción”.