Pese a las clausuras, a la medida cautelar y a los operativos de constatación y allanamientos que se hicieron los dos últimos fines de semana, los propietarios de Danzoo aseguran que seguirán abriendo sus puertas, ya que consideran “ilegales todos los procedimientos, desde su origen”. Además, anticiparon que hoy harán una denuncia por supuesta falsificación de pruebas contra la comisaría 2ª y pedirán juicio político para el juez que entiende en la causa.
Después de otro fin de semana conflictivo que terminó en un enfrentamiento entre personal policial y los patovicas de Danzoo, un detenido y una causa judicial contra los propietarios por no acatar una orden judicial y atentar y desobedecer la autoridad pública, los empresarios tiran más de la cuerda, firmes en la postura de que los procedimientos son “ilegales, ilícitos y arbitrarios”.
Así lo señaló el asesor legal de la firma, Ernesto Tito González, que manifestó este medio que detectaron ciertas irregularidades en las actas del primer allanamiento y desalojo que se realizó el 8 de octubre. “Encontramos que las actas que libraron y firmaron esa noche no son las mismas. Cambiaron los testimonios y incluso falsificaron mi firma”, acusó el abogado.
En este sentido, anticipó que hoy, a primera hora de la mañana, realizarán tres presentaciones. Una sería ante el Ministerio de Gobierno: “Haremos una denuncia administrativa para que se investigue a la comisaría 2ª, en relación con el allanamiento que se realizó en el primer procedimiento, dado que encontramos serias irregularidades en las actas que se labraron aquella noche. Agregaron documentos, cambiaron testimonios y falsificaron mi firma”.
La otra sería ante el juzgado que lleva la causa, el correccional Nº 2 a cargo del doctor Luis Cocchia Breard. En este caso, adelantó, “se pedirá una investigación por falsificación de pruebas, ya que esto es un serio delito penal”.
Por otra parte, indicó González que se presentaría hoy, junto con sus representados, ante el Consejo de la Magistratura a fin de pedir “juicio político para el magistrado, ya que no es competente en la causa y demora la resolución de conflicto”.