La Justicia provincial suspendió ayer el tratamiento de la suba del boleto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes, porque el Concejo Deliberante pretendía aprobarlo sin haber llamado a audiencia pública. 
El pretendido incremento tarifario es del 18,7 por ciento, por lo que el precio se elevaría de 1,60 a 1,90 pesos, y es impulsado por las empresas transportistas con el apoyo del intendente Carlos Mauricio Camau Espínola.
La decisión judicial fue festejada de inmediato por organizaciones estudiantiles y movimientos sociales que por la tarde se movilizaron hasta el Palacio municipal, en repudio al tratamiento del aumento y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
El incremento tarifario debía ser tratado en la sesión de las 19, pero quedó en suspenso cuando los concejales comunicaron que iban a acatar la decisión judicial y levantaron la reunión. Como ayer anticipó La República, el intendente Espínola había reunido el miércoles pasado a 10 de los 15 concejales y logrado el visto bueno para conseguir la aprobación.
Pero al día siguiente, el juez en lo Civil y Comercial Nº 12, Pablo Teler Reyes, aceptó una medida cautelar presentada por una usuaria del transporte al considerar que los concejales no llamaron a audiencia pública para que los ciudadanos y organizaciones civiles tuvieran la oportunidad de participar en la discusión tarifaria.
“Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordenar al Concejo Deliberante se abstenga de tratar el aumento de la tarifa del servicio público de pasajeros”, dice el texto al que accedió La República.
Ahora, el magistrado deberá resolver la cuestión de fondo planteada en el amparo y determinar si los concejales violaron las normas vigentes al no establecer la audiencia pública. 
Esta orden judicial llegó en medio de una tensa situación cuando una marcha de estudiantes y vecinos enrolados en distintas organizaciones cruzaron insultos con dirigentes de la conducción de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) que fue al Concejo a apoyar el incremento tarifario. 
La cúpula de la UTA, al igual que las cámaras empresarias, sostiene que las empresas de colectivos reciben un 15 por ciento menos de subsidios nacionales para mantener los costos laborales y seguir prestando el servicio. 
Un fuerte dispositivo de seguridad fue montado frente al Concejo, por 25 de Mayo entre San Juan y Mendoza, donde el tránsito estuvo cortado hasta las 20. Un vallado y un cordón de la Policía provincial impidió el enfrentamiento entre ambos sectores. En un clima de elevada tensión, los estudiantes se manifestaron en contra de la suba al argumentar que “sería uno de los pasajes más caros del país en la ciudad más pobre de la Argentina”.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la ciudad de Corrientes es la capital de provincia más pobre del país, dado que el 12 por ciento de su población no cubre sus necesidades básicas.