La medida, publicada hoy en el Boletín oficial con la firma del titular del área, Juan José Mussi, asegura que el emprendimiento privado, entre cuyos accionistas se encuentra el directivo del Grupo Clarín José Aranda, resulta "incompatible con las obligaciones asumidas por la República Argentina en el Estatuto del Río Uruguay de 1975 y otras normas y acuerdos internacionales vigentes en materia de derecho internacional del medio ambiente".
En ese marco, advierte que su ejecución, avalada por el gobierno de Corrientes, "compromete la responsabilidad internacional del Estado por tratarse de una obra que causará perjuicio sensible al Río Uruguay, al afectar la calidad de sus aguas". La resolución también recuerda que el proyecto, que pretenden llevar adelante empresarios privados con fines de riego de cultivos, "resulta incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente 25.675, y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331". |
