En primer lugar, el abogado Nelson Pessoa , defensor de Lucy Ortega, avanzó en las razones jurídicas para solicitar la nulidad de los actos del procesamiento, desde la requisitoria del Fiscal, y el auto de procesamiento por peculado y falsedad de instrumento privado, luego de que éste pasó por distintas carátulas, primero como estafa, luego como asociación ilícita, y como no había encuadramiento para seguir deteniendo a los acusados, con el peculado.
 
Pessoa acudió al principio de congruencia jurídica para refutar el armado de la causa, en especial, la no inclusión de documentación necesaria para sostener la acusación, tales como remitos, la falsificación de firmas de Ortega y la procedencia dudosa de las facturas de la rendición del fondo especial de 420 mil pesos creado para la emergencia en 1.998, como los números de cuenta que no figuran, ni el banco que liberó los fondos.
 
Además rechazó la imputación de co autoría paralela de ambos acusados por parte de la querella,  que en este caso no se aplicaría. 
 
Por su parte, el doctor Arrieta, defensor de Tato, atacó los alegatos de la querella y de la fiscalía, al decir que fueron simples lecturas de los documentos aparecidos en el expediente acusatorio, y no agregan nada a la causa. Fustigó severamente a estas por no haber realizado la investigación correspondiente, ni haber hecho una valoración de las mismas.
 
 
Para ello contextualizó el momento político en el que se inició la causa, de fuerte persecución  a los integrantes del Partido Nuevo por parte del poder de turno, Actos que comenzaron cuando el ex gobernador Perié amenazó con que iba a encarcelar a Romero Feris, con la intención de que éste abandone el país. Como Tato no lo hizo y quedó en Corrientes, debieron armar una serie de causas, que totalizaron más de 60, designándose a Mario Payes como juez de instrucción.
 
No olvidaron los defensores que en ese clima, aprovechando una convocatoria para cubrir una vacante, Hugo Perié, a cargo del gobierno de Coalición, lo eligió a pesar de haber estado noveno en la lista de postulantes elegibles, y lo propuso para el cargo, cuando Payes ocupaba el cargo de Asesor general de Perié.
 
Este juez especialmente designado para que todas las causas recayeran en su juzgado, fue el encargado de iniciar los procesos, muchos de ellos fraguados y otros atacables de nulidad, pero que se mantuvieron a fin de encarcelar a Romero Feris aún por fuera de la ley.
 
Arrieta también demostró que no hubo ninguna sustracción de dinero del erario municipal, desde el mismo momento que no hubo apoderamiento por parte de Tato de suma alguna, sino sólo dos documentos tales como la Resolución 682/98 y la correspondiente rendición de cuentas, en las que intervino con su firma, pero que nunca tuvo esa disponibilidad pues en la misma norma se autorizaba a la Secretaria de Economía a efectivizar el fondo destinado al reacondicionamiento de las instalaciones del cuartel de Santa Catalina.
 
Entre los ejemplos dados para probar que la causa fue armada esta el hecho de que el expediente 29 I de imputación de los fondos corresponde a 1999, cuando ya los inundados habían vuelto a sus casas, no quedando claro en las pruebas si es de 1999 o 1998. Con solo este dato, se pierde la certeza, necesaria en el derecho penal para acreditar un hecho punible.
 
Arrieta ataco duramente a Juan Carlos Zubieta, quien junto con el fiscal criticaron en su momento la constitución del fondo especial, a lo que el defensor arguyó que todas las administraciones lo hacen desde la Presidenta, hasta el actual intendente Espínola, y eso no constituye un delito, sino una forma de administrar, dijo.
 
Por otra parte también atacó el cuerpo de la acusación, pues está basada sobre fotocopias simples de supuestas facturas, sin que hayan sido constatadas ni convertidas en instrumentos públicos, sino simplemente supuestos actos administrativos, de los cuales duda de su veracidad.
 
 
En lo referente a la pericia ocular realizada por ingenieros y arquitectos de partes y oficiales en Santa Catalina, criticó la manera en que se hizo,"ni siquiera tenían el plano del cuartel, y no sabían qué iban a observar", dijo a la vez que se basó en lo aportado por el arquitecto Edmundo Vargas, quien dijo que por  lo menos se necesitan 60 días para hacer algo que sólo se hizo en medio día. "Trae los mates que llevo los biscochos, que vamos a hacer una pericia fue ese trámite", ironizó.
 
Por su parte el doctor Isidoro Sassón baso su argumento en la lógica jurídica, echando por tierra desde el primer momento una acusación basada en el dictado de una Resolución municipal de trámite habitual en cualquier gestión administrativa, lo que no contradice ninguna ley.
 
Recordo tambien el clima de persecución que se vivía políticamente en la provincia, donde todo lo relacionado al PANU era considerado corrupto y debia ser destruido, empezando por su líder, Tato Romero Feris.
 
También acusó a Ricardo Maldonado de ser parte del gobierno que inició esa persecución, destinado a un objetivo político. Como Tato no se fue de la provincia se comenzaron a armar causas, convirtiéndolo en el enemigo público número uno en la provincia, y en la persona con más causas penales del país. Un simple suelto periodístico era motivo para iniciar una causa en esos tiempos.
 
Sassón abonó en varios de los argumentos de sus colegas defensores, pero en especial en "la inexistencia del delito de peculado, al no haber habido sustracción de dinero por parte de Romero Feris ni de Ortega, quienes no tipificaron con sus acciones ese delito, sino sólo dictaron actos administrativos normales. Los cobros de los fondos los realizaron los funcionarios acreditados ante el banco para hacerlo, lo que tampoco constituye delito, pues no está investigado ni probado ninguna afectación de esos fondos al patrimonio personal de los acusados para constituir peculado", dijeron.
 
Sassón recordó que " igual procedimiento se vivió en la causa Corsódromo, donde como no pudieron condenarlos por delitos mayores, terminaron en una sentencia por abuso de autoridad, a fin de inhabilitarlo políticamente a Tato".
 
Por ultimo solicitó también la absolución de Romero Feris, en función de que "se hará justicia por fin para él, luego de haber transcurrido un calvario desde las más de 60 acusaciones hechas, los tres años de detención injusta, y de haberse comprobado que no sustrajo ninguna suma para su propio patrimonio, ya que ya hay tribunales que dictaron la inexistencia de enriquecimiento ilícito en todos los años de gestión política que ejerció el ex gobernador y ex intendente".